¿FUNCIONA LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Las recientes medidas anti-déficit que ha aplicado el Gobierno sobre las remuneraciones de los funcionarios ha reabierto viejos debates acerca de la Administración Pública. Las quejas de los afectados, que son los que ven disminuir su poder adquisitivo de manera directa, han sido amortiguadas con mensajes sobre el privilegio que tienen los funcionarios respecto a la seguridad de su puesto de trabajo. En tiempos difíciles parece claro que todo el mundo debe “arrimar el hombro” y muchos trabajadores del sector privado hace tiempo que padecen las consecuencias, incluso con la pérdida de su empleo.

Sorprende saber que según los últimos datos de Ejecución Presupuestaria disponibles, el gasto del Estado destinado al pago de los sueldos de empleados públicos temporales se ha incrementado un 5%, lo que indica que todavía se esta siguiendo una línea de contratar a más personal en lugar de incrementar la productividad o la movilidad entre diferentes Departamentos.

Y es que el debate sobre el tamaño de la Administración pública y su gestión es muy antiguo. La coyuntura económica simplemente lo hace más actual, sobre todo en una configuración estatal en la que hay diferentes Administraciones implicadas.

No recuerdo ningún Gobierno que, al acceder al poder, no haya declarado su intención de reducir el aparato de la Administración. Tampoco recuerdo ninguno que realmente lo haya conseguido.

Este es un problema que se arrastra desde hace décadas. Originalmente, la protección del puesto de trabajo de los funcionarios se ideó con la intención de que no estuviesen expuestos a criterios de cambios políticos. Pero también es cierto que este excesivo proteccionismo ha llevado a enquistar una situación en la que las remuneraciones no dependían de los méritos o de la productividad individual. Este sistema no permite realmente aprovechar el talento disponible y fomenta la desmotivación entre el propio personal. Con el tiempo se han introducido algunos elementos de corrección con complementos variables, pero poco claros.

El tamaño de la Administración es excesivo, fruto de políticas de empleo que muchas veces respondían a compromisos politizados de convocatorias públicas o de la poca visión de futuro al incrementar el número de funcionarios cada vez que se producían “puntas de trabajo”.

Desde el poder ejecutivo se ha pedido en numerosas ocasiones que las empresas privadas se gestionasen con criterios de eficiencia que permitiese hacer más productiva y competitiva la economía nacional. Pero se han olvidado de aplicarlos “en su casa”, la Administración Pública.

Ahora, toca reducir el gasto público. Pero si no se inicia un proceso de racionalización de la Administración a largo plazo, el problema no se resolverá de manera real y la función pública seguirá sin funcionar de manera eficiente.

(Publicado en Diario Expansión, 18-10-2010)

El laberinto del sistema educativo

El reciente informe sobre la OCDE “Panorama de la educación 2010” refleja algunos indicadores que vuelven a desempolvar viejos debates sobre nuestro sistema educativo.

El citado informe señala algunas “brechas” entre los indicadores de la mayoría de países europeos y los que corresponden a nuestro país. A grandes trazos podríamos destacar tres puntos fundamentales:

-        existe una escasez de titulados de FP grado medio, 14 puntos por debajo de la media de la UE.

-        un 44% de los jóvenes universitarios ocupan puestos de trabajo de cualificación inferior a la de sus estudios

-        el conocimiento de lenguas extranjeras sigue siendo una asignatura pendiente, sobre todo en secundaria.

Pero no todos son datos negativos, sobre todo si se analiza desde una perspectiva histórica, ya que ha disminuido el índice de abandono de los estudios (fracaso escolar) y se refleja un importante avance en la formación de la población adulta en general en los últimos 30 años. O sea, se han conseguido algunos avances, pero queda mucho trabajo por hacer. Cierto es que muchos de los ajustes necesarios se deberían haber abordado hace tiempo, pero ahora urge trabajar mirando hacia el futuro.

La formación es una herramienta fundamental para el crecimiento de cualquier país, y más si pensamos en la actual situación de crisis económica que padecemos. Lo necesario es ajustar el sistema educativo a su entorno social y laboral, para planificar de manera correcta el futuro a medio y largo plazo. Tal vez se podría deducir, por ejemplo, que no  tiene excesivo interés cursar estudios universitarios porque existen pocas posibilidades de conseguir un empleo acorde al nivel de estudios.

Pero si tomamos como referencia algún otro estudio, como el realizado por ICSA “el impacto de la formación en las retribuciones”, vemos que las diferencias salariales según el nivel de estudios son discretas en los primeros años , pero se van ampliando de manera constante a lo largo de la carrera profesional.

El problema no es que tengamos excesivos titulados universitarios, sino su adecuación

al entorno económico-laboral, sobre todo en un momento de elevado desempleo.

De todas maneras también es necesario seguir potenciando a corto plazo y largo plazo la formación profesional y los perfiles técnicos, sobre todo en nuevas especialidades, ya que la demanda así lo requiere.

En definitiva no hay que dejar de ver a la formación como un activo esencial para el futuro económico Cualquier tipo de conocimiento adquirido forma parte del “activo” personal, mejora las competencias y aumenta la empleabilidad. Pensemos en el caso de los llamados “ni-ni”, jóvenes que ni estudian, ni trabajan. Incluso algunos expertos añaden otra “ni”: ni tienen interés por hacerlo. Se trata de un enorme potencial humano, una pérdida de talento que no hay que dejar escapar.

Por ello, tal y como también reconoce el informe de la OCDE, en épocas de crisis hay que seguir insistiendo en políticas de inversión educativa, ya que el retorno económico y social de esta inversión siempre es positivo.